Uno, que ha nacido en la década de los cuarenta y ha sido adolescente en la de los años cincuenta, recuerda a la Caja de Ahorros de su localidad como esa institución bancaria más cercana, más entrañable que otros bancos que, por su nombre más comercial o su presencia por todo el país nos parecían más lejanos, menos accesibles. Las cajas, nuestra Caja, era algo diferente, y no sólo por ser de ámbito local, también porque en su gran mayoría eran “banqueros de cercanía”, de los ciudadanos, de la familia. Tenían además, casi todas, detrás de su nombre de Caja de Ahorros el apellido de “Monte de Piedad” y ello las convertía en prestamistas de los pobres, de los más necesitados, beneficiarios de unos “micro-créditos” (versión precursora de los de que ahora fomenta Muhammad Yusun y la fundación Grameen en Bangladesh) con el aval o garantía de una prenda: un anillo o una pulsera de oro, una pequeña joya de la familia, un cuadro de firma, la cabeza de la máquina de coser, o una mantelería sin estrenar … , toda clase de objetos con algún valor físico y también sentimental (eso nos estimulaba a recuperarlos más adelante devolviendo el préstamo más sus intereses) han servido para cubrir en esos años pasados, las necesidades familiares, esos baches o graves momentos de apuro de las economías domésticas. Los que éramos niños quinceañeros de los años cincuenta tenemos memoria de situaciones de ese tipo, y cierta nostalgia y gratitud por el papel de la Caja de Ahorros.
Cuando los españoles mejoraron su nivel de vida y su capacidad de ahorro, las Cajas reorientaron sus servicios: Decreció la demanda de pequeños créditos de ayuda personal, y así las Cajas identificaron otras necesidades sociales, y crearon entonces lo que llaman su “Obra Social”, instituciones internas a través de las cuales podían solucionar varias e importantes de esas necesidades ciudadanas con los beneficios que obtenían en su gestión financiera, dado que han sido hasta ahora instituciones “sin ánimo de lucro”.
Con el nuevo Real Decreto por el que se modifica la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA) el Gobierno pretende consolidar la “reforma financiera” y la justifica por las necesidad de sanear los balances de algunas de ellas, dañados a consecuencia de la crisis financiera mundial o debidos en algunos casos a una mala gestión interna, así como por conseguir mayor solidez, solvencia y eficacia con sus fusiones y agrupaciones. Pero esta reforma tiene también de rebote otras consecuencias importantes que no han sido suficientemente comentadas, ni criticadas o rechazadas por su trascendencia, ni desde los medios de comunicación ni desde otros órganos o instituciones que defienden a los consumidores.
El principal cambio de esta Ley es que permite que estas entidades, con el pretexto de solventar sus necesidades de autofinanciación para sanear sus cuentas, puedan optar a partir de ahora por emitir acciones y dar entrada a accionistas o inversores privados, que pueden llegar a poseer hasta un 50% de su patrimonio o capital social. Pueden también las cajas a partir de esa Ley, incluso convertirse en entidades bancarias y expandir sus actividades con nuevos negocios y territorios hasta ahora reservados a los bancos privados, compitiendo con ellos en términos de igualdad de mercado y competencia.
Con ello se rompe, en gran parte su papel de instituciones benéficas o sin ánimo de lucro, y tendrán que ser rentables y pagar dividendos a sus salvadores inversores (la Ley prevé que sigan manteniendo su “Obra Social” (¿?). Eso significa, por un lado, que se verán forzadas a dirigir su actividad crediticia o financiera hacia aquellos negocios que le produzcan una mayor rentabilidad, también se verán en la obligación de atender a sus nuevos accionistas, sobre todo los que tengan una alta participación que entrarán con derecho a estar en sus consejos de administración y obtener así facilidades para sus propias necesidades crediticias.
Por esas razones de peso (como mínimo, y otras más) es de prever que las nuevas cajas de ahorros descuidarán o perderán interés por su vocación o función de financiación de las familias, de los autónomos y de las pymes de su área de influencia; pero lo que es aún peor, es que una gran parte de sus antiguos beneficios previsiblemente y por mucho que lo regule la Ley ahora aprobada, dejarán de ser aplicados, como es lógico, a mantener una gran parte de esos servicios y beneficios que las Cajas revertían a la sociedad a través de sus instituciones de “Obra Social”.
Curiosamente, después de tantos años de total y rabiosa confrontación entre los dos principales partidos de ámbito estatal, en tantos y tantos otros asuntos de interés nacional, es esta una de las pocas leyes en las que PP y PSOE se han puesto de acuerdo para aprobar esta reforma sin oposición y sin pasar por el Parlamento.
¿Cuántas familias y trabajadores autónomos, con dificultades económicas en estos años de crisis, se hundirán porque verán denegadas sus peticiones de créditos que les ayudarían a salir a flote? ¿Cuántas becas de estudio para nuestros jóvenes serán eliminadas? ¿Cuántas plazas de guarderías para hijos de trabajadores serán suprimidas? o ¿Cuántos ancianos se quedarán sin asistencia en centros de día o residencias de la tercera edad? Y todo eso abarcando todas las Comunidades Autónomas, es decir, afectando a toda la Nación.
No cabe la menor duda de que estas medidas que nos quiere hacer tragar el Gobierno con la complicidad de la oposición, ahora a través del plan de ayuda al saneamiento de las cajas de ahorro, son otro atentado más contra el bienestar social y contra los recursos económicos de los ciudadanos, y son una decisión que hace recaer los efectos de la crisis financiera, una vez más, sobre los ciudadanos de clase media-baja de toda España.
Es inadmisible que, en nuestra democracia, hoy se esté legislando y gobernando de espaldas al pueblo, sin el pueblo y contra el pueblo.
AUTOR: Fernando de la Prida
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